El Gobierno de Jujuy declaró la emergencia energética y tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2027 y estableció nuevas medidas para proteger a los usuarios residenciales frente al impacto económico. La decisión alcanza también a los servicios de agua potable y mantiene beneficios como la Tarifa Social y el subsidio de la Ley Puna.
El gobernador Carlos Sadir oficializó mediante un decreto la declaración de la emergencia energética y tarifaria en todo el territorio provincial. La medida busca garantizar la continuidad, accesibilidad y estabilidad de los servicios esenciales en un contexto económico complejo.
Entre las principales disposiciones se encuentra una protección específica para los usuarios residenciales de la categoría T1, con potencias inferiores a 5 kW. A partir de ahora, el suministro no podrá ser interrumpido por falta de pago hasta que transcurran 20 días corridos de mora desde la segunda factura consecutiva impaga.
La normativa también establece que el medidor no podrá ser retirado inmediatamente después del corte del servicio. El retiro del equipo de medición solo podrá concretarse una vez transcurridos 60 días desde la interrupción del suministro.
Además, durante el período de vigencia de la emergencia, queda prohibido el cobro de intereses punitorios sobre las facturas de energía eléctrica.
El paquete de medidas también ratifica la continuidad de los beneficios destinados a los sectores que más necesitan asistencia. En el caso de la Ley Puna, se mantiene el subsidio del 50%, mientras que la Tarifa Social continúa contemplando un subsidio del 100% del cargo fijo y del 25% del cargo por uso de red.
La Secretaría de Energía y la SUSEPU pondrán en marcha una campaña de reempadronamiento para que los usuarios que cumplan con los requisitos puedan acceder a la Tarifa Social y mantener el beneficio de manera permanente.
La emergencia también contempla medidas para el servicio de agua potable y saneamiento. Se habilitó a EJESA a incluir las deudas generadas con Agua Potable de Jujuy dentro de convenios de refinanciación, con el objetivo de facilitar la regularización de las obligaciones pendientes.
Además, no podrán cobrarse intereses punitorios a los usuarios cuyo consumo mensual de agua no supere los 30 metros cúbicos ni a quienes estén vinculados a grifos comunitarios.
La SUSEPU tendrá a su cargo el control y la fiscalización del cumplimiento de las nuevas disposiciones. Con estas medidas, el Gobierno provincial busca brindar mayor previsibilidad a las familias jujeñas y establecer herramientas de protección frente a la situación económica actual.
